Ampliaron la imputación a 22 involucrados en la financiera ilegal Ríos & Asociados

En total son 29 las personas que fueron acusadas por la estafa piramidal a más de 700 víctimas, en su mayoría policías de bajo rango. Desde la fiscalía cuestionan la decisión judicial de otorgarle la libertad domiciliaria a 15 involucrados. La organizadora de la actividad era Cinthya Moya, quien no quiso declarar.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio ratificó y amplió las imputaciones por el delito de asociación ilícita a 22 personas acusadas de estafar gente a gran escala a través de la financiera ilegal “Ríos & Asociados”, el circuito de movimiento económico piramidal que involucra a la Policía de Salta.

De acuerdo con el Ministerio Publico, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos (UDEC) imputará por asociación ilícita y abuso de autoridad a un nuevo protagonista, quien también presta servicios en las fuerzas de seguridad de la provincia.

En la causa se destacan Cinthia Moya, Florencia Laguna y Macarena Parraga. Sobre ellas la fiscalía considera que “tuvieron un papel significativo en la estafa”, además de que comparten abogado defensor: Luis Díaz Zabalaga.

Moya, Laguna y Parraga, sindicadas como las organizadoras de la sociedad, se abstuvieron de declarar en la última audiencia. Se prevé que con el correr de la semana sean citadas las 19 personas restantes para llegar a la lista de 22; aunque en total son 29 las personas involucradas en la estafa piramidal.

Así detenían a quien sería la organizadora de la banda.

Por otro lado, Salinas Odorisio adelantó que seguirá reclamando contra la libertad domiciliaria a 15 involucrados, una decisión adoptada por el juez Pablo Arancibia de la Sala 2 del Tribunal de Impugnación.

Según la fiscal, no se ha realizado una adecuada valoración de la situación actual de los encausados, lo que representa un riesgo procesal para la causa, detallaron fuentes oficiales. Los abogados defensores de las victimas también quieren que se revoque el beneficio.

El caso

La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. La modalidad de operatoria empleada fue la conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.

Desde el inicio esta financiera trucha movió, aproximadamente, un capital de 2.219.000.0000 de pesos y 3.265.280 dólares«, según informó en su momento la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

El 25 de marzo pasado se realizaron los primeros allanamientos y detenciones vinculadas a la causa y, desde entonces, se realizaron numerosos operativos en búsqueda del dinero faltante.

Durante una conferencia de prensa Salinas Odorisio detalló que en los 26 allanamientos realizados fueron secuestrados $23.213.960 y 60.388 dólares en papel moneda; 12 automóviles y 7 camionetas (muchas de alta gama) y 2 motocicletas. También cédulas verdes, cédulas parcelarias, celulares y bienes muebles recientemente adquiridos.

De las 29 personas apuntadas por la fiscalía por la asociación ilícita, al menos 14 son miembros de la Policía de la Provincia. Se supo que hay dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo y cuatro suboficiales. No trascendió el cargo del nuevo involucrado.

Con los testimonios brindados por damnificados, testigos de identidad reservada y otros detenidos de la causa, se pudo establecer que la organizadora de la actividad era Cinthya Moya, quien era secundada por algunos civiles y miembros de la Policía de la Provincia de Salta, que actuaban como captadores, informaron desde el MPF.

Entre los imputados se encuentran el jefe de la Brigada de Investigaciones, la jefa de la División Cobranzas Policías Adicional, personal de investigación, y la jefa de la Unidad Regional 3, «quien habría empleado un móvil de la Policía para evadir los controles policiales haciendo uso de sus atribuciones y trasladar el dinero que Moya había retirado de la financiera al enterarse que se realizarían allanamientos».

En síntesis: en la causa, fueron secuestrados 26 vehículos, más de 4000 mil contratos, 26 millones de pesos en efectivo y 60 mil dólares; la fiscal Salinas Odorisio quiere revocar la libertad domiciliaria a quienes la recibieron, puesto que considera existe riesgo de fuga o de entorpecimiento en la investigación; la organizadora era Cinthya Moya.

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