Alberto propone crear un Consejo Federal para Prevención de Femicidios y Travesticidios

El objetivo es que se puedan sentar en una misma mesa las distintas autoridades del ministerio público, de los poderes judiciales y las carteras de seguridad, justicia y género de los distintos poderes ejecutivos provinciales. El Colectivo de mujeres envió carta al Gobierno con demandas varias.

A raíz del femicidio de Úrsula Bahillo en la ciudad bonaerense de Rojas, el presidente Alberto Fernández propuso a los gobernadores la creación de un Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.

«Seamos protagonistas de los cambios que hacen falta para transformar esta sociedad machista en una sociedad libre de violencias por motivos de género», sostuvo el mandatario en una carta enviada a las provincias.

El objetivo de este organismo sería «coordinar y articular con los distintos organismos involucrados de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un abordaje integral, eficaz, articulado en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de las violencias extremas por motivo de género».

Fernández añadió que el Estado «es responsable de garantizar la prevención, la asistencia, sanción y reparación de las violencias de género», pero a la vez se necesita de «todos los argentinos para llevar adelante el cambio cultural que erradique las violencias machistas en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas y construir una Argentina unida contra las violencias de género».

«Para iniciar un verdadero camino de transformación se requiere la voluntad política firme y contundente por parte de quienes gobernamos este país, sin distinción de banderías políticas, ni del territorio en el que nos encontremos», agregó el Jefe de Estado antes de recibir, este miércoles, a la madre de Úrsula Bahillo en Casa Rosada.

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que el diagnóstico oficial es que hay «falta de articulación» entre las distintas agencias provinciales que intervienen en violencias de género del mismo modo que entre «las policías y los poderes judiciales».

«En un caso como el de Úrsula genera una enorme indignación como en todos los hechos. Sobre todo porque hubo muchísimos llamados de atención al Estado para que haya una respuesta única, coordinada y eficaz en tiempo diligente», dijo la ministra a la prensa tras el encuentro entre el Presidente y los padres de la joven asesinada.

Sostuvo que el objetivo del Consejo es que se «puedan sentar en una misma mesa las distintas autoridades del ministerio público, de los poderes judiciales y las carteras de seguridad, justicia y género de los distintos poderes ejecutivos provinciales. Es una oportunidad para que, efectivamente, se puedan llevar adelante acciones concretas por regiones».

Emergencia Nacional

El Colectivo de Mujeres y Disidencias Autoconvocadas propuso este miércoles declarar la «emergencia nacional por violencia contra las mujeres y disidencias por razones de género» y que haya «una coordinación efectiva y real entre el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y los municipios».

A través de una carta dirigida al Presidente Fernández, firmada por Estela de Carlotto, Nora Cortiñas, Rita Segato y Claudia Piñeiro, entre otras personalidades, pidieron además una «capacitación sistemática en la temática para todxs las y los operadores que intervengan en la atención de los casos».

Por su parte, en el marco de múltiples marchas en distintas ciudades del país, solicitaron la puesta en funcionamiento de «un sistema de alerta temprana donde se reúnan todas las denuncias hechas tanto en comisarías como en sedes judiciales, para que se les dé un seguimiento eficaz y se monitoreen las respuestas estatales».

También exigen «complementar el sistema de botones antipánico con tobilleras para el denunciado» para un control en el victimario sobre las restricciones perimetrales y que se implementen «sanciones a funcionarios judiciales o de fuerzas de seguridad que incurran en errores graves y manifiestos en su tarea de proteger a las víctimas».

La organización también propuso al Presidente «la incorporación de la perspectiva de género en la futura reforma judicial» y el efectivo cumplimiento de la Ley de Educación Sexual en todas las instituciones educativas del país «de manera urgente». En ese marco, indicaron que es necesaria la «administración del correcto despliegue y funcionamiento de los dispositivos que refieren a la Red Federal de Patrocinio Gratuito» ya que existe «desamparo de las víctimas a nivel jurídico por su nivel socioeconómico».

El Colectivo precisó que la violencia de género «es un problema estructural del país que se profundizó con la pandemia» e indicaron que no pueden «tolerar más la muerte de mujeres e identidades feminizadas» por lo que pidieron que el tema sea «una prioridad del Gobierno nacional y de las administraciones provinciales y municipales», indicó Télam.

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