Advierten que Salta no tiene un organismo para tratar la violencia infantil

Un relevamiento del Ministerio de Salud arrojó que en el país, sólo once provincias cuentan con un mecanismo institucional para abordar situaciones de violencia hacia las infancias. Cómo tratar esta problemática, según especialistas. La Línea 102 que recibe las consultas es gratuita y confidencial.

La Línea 137 atiende llamados de víctimas de violencia familiar y sexual / Foto: Alejandro Santa Cruz.

Apenas once provincias crearon organismos especializados para abordar situaciones de violencia hacia las infancias, según el informe «Análisis de la regulación del abuso y violencia sexual contra niños/as y adolescentes en Argentina» elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Integran el mencionado selecto grupo Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, donde funcionan comités, mesas u órganos de control interministeriales.

En efecto, Salta es uno de los distritos que no ha avanzado en la conformación de un mecanismo institucional para relevar información acerca de la aplicación de protocolos educativos y sanitarios para tratar a las infancias, una sugerencia de autoridades sanitarias y especialistas en la materia.

La directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, explicó a Télam que han realizado un trabajo sobre el abordaje interinstitucional ante abusos sexuales y embarazos forzados a nivel país ya que los comités no son la única estrategia para tratar la problemática.

Sobre dicho informe, Isla dijo que detectaron protocolos diversos y variados sobre el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Por ello, la Secretaría de Acceso a la Salud hizo «una ruta de acción para los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social» para «detectar abusos en infancias y estrategias de trabajo a nivel nacional».

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Respecto al trabajo que falta realizar en el ámbito de la prevención, la funcionaria naciononal consideró fundamental poner el foco también en el mundo adulto. «La evidencia es que el abuso en infancias lo realizan sobre todo adultos«, apuntó.

Asimismo profesionales sostienen que es importante la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI), una ley nacional que en Salta no ha sido aplicada con la rigurosidad que merece.

Tanto fue así que la Corte Suprema de Justicia tuvo que declarar la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación de Salta que disponía la enseñanza religiosa en los planes de estudio, impartida dentro de los horarios de clase y cuyos contenidos y habilitación docente requieren el aval de la respectiva autoridad religiosa.

Al contar 43.000 consultas vinculadas a violencias contra las infancias recibidas el año pasado en la Línea 102 (gratuita y confidencial), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) busca «poner en marcha estrategias de intervención y comunicación interinstitucional».

En rigor, la SENAF organizó Mesas Territoriales sobre el Abordaje del Abuso Sexual contra las Infancias (ASI) y el Embarazo Forzado (EF) en Salta, Catamarca, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, La Rioja, Entre Ríos, Misiones, y Corrientes.

Dicho trabajo, se articuló en el 2021 con el equipo de patrocinio jurídico especializado en abuso sexual contra las infancias de la subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y el equipo de Protección de Derechos de Unicef Argentina, detallaron fuentes oficiales.

«Se necesita profundizar estas articulaciones para que chicas y chicos reciban una atención integral que no se vea fragmentada en el marco de los abordajes y perspectivas sectoriales: salud, educación, justicia«, afirmó la SENAF.

Vale decir que en la provincia, la responsable del Programa de Asistencia a Víctimas y/o Familiares de Víctimas de Delitos Graves, Carla Tiano, impulsó capacitación a policías en la recepción de denuncias y abordaje de casos de violencia sexual en zonas donde habitan comunidades indígenas, otorgándoles una Guía de Intervención en Abusos Sexuales bilingüe (en wichi y castellano).

También es importante recordar que al menos 30 mujeres wichi de la comunidad Misión Kilómetro 2 del departamento Rivadavia, al norte salteño, reclaman el derecho a la identidad de sus hijas e hijos, cuyos nacimientos son producto de abusos sexuales cometidos por hombres «criollos».

Chaco salteño pobreza niños
Nenes del pueblo wichi de Alto La Sierra, Santa Victoria Este, Rivadavia – Foto: Agustín Ochoa / Ilustrativa

Para la pediatra María Inés Pereyra, miembro del Comité de Niños en Riesgo del Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, hay que abordar la vulneración de derechos de las infancias desde dos frentes: la de protección y la penal.

«La proteccional se ocupa de poner a resguardo a las infancias o adolescentes, aún en contra de la familia, muchas veces, porque es imprescindible que la violencia sexual no vuelva a repetirse», indicó a la agencia estatal de noticias.

Además, Pereyra agregó que la denuncia penal busca la sanción de quien agrede «y es muy reparadora del daño psíquico de niñas, niños y adolescentes porque significa que se le cree y que hay alguien que quiere que se castigue ese daño infligido».

En tanto que el informe del Ministerio de Salud resalta que «la falta de enfoque hacia la prevención y la tendencia hacia medidas punitivas resulta incompleta y, por tanto, insuficiente para dar respuesta a las complejidades del fenómeno en sus dimensiones y especificidades reales».

Por ello, el estudio difundido por la agencia estatal de noticias recomienda:

  • incorporar el enfoque de derechos humanos y género de modo transversal en las políticas de las jurisdicciones;
  • avanzar en el empoderamiento de los niños y adolescentes que sufrieron violencia sexual para que asegurar el desarrollo de capacidades que les permitan ejercer sus derechos;
  • dar «un giro de la criminalización o control hacia la prevención» de los delitos, lo que implica promover la implementación de la educación sexual integral; y
  • fortalecer las «capacidades locales» de los actores implicados en esta problemática.

Y en las conclusiones señala: «no se encontraron políticas públicas sobre abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que, de forma consistente y suficiente, abordaran el fenómeno en términos de prevención«. De manera tal que sugieren adoptar «estrategias para desmontar los estereotipos, barreras sociales que son uno de los obstáculos más grandes para identificar y atender este tipo de violencia».

La línea 102, gratuita y confidencial, atiende consultas sobre los derechos derechos de niñas, niños y adolescentes y la 137, recepciona llamados de víctimas de violencia familiar y sexual.

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