Acorralado, Urtubey decidió volver atrás y acatar el protocolo de acceso al Aborto no Punible

Marcha por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito - Foto: Agustín Ochoa / Ilustrativa

La decisión se da en medio de un caso de violación a nena de 10 años. Desde 2012, el decreto provincial desacató un fallo de la Corte Suprema. El debate por el aborto legal, seguro y gratuito llegará al Congreso el 13 de junio.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, tuvo que volver sobre sus pasos y derogó el decreto 1170/12 y puso en vigencia el 584/18. La normativa provincial dada de baja, que estuvo vigente desde 2012, obstaculizaba el derecho al acceso a un aborto no punible a personas gestantes que fueren víctimas de violación o que vida corriere peligro. La decisión se enmarca en medio de un caso de violación a una menor.

Una niña de tan sólo diez años fue violada por su padrastro y fruto de los abusos sexuales tuvo un embarazo. Su madre se enteró a las 19 semanas de gestación, luego de que la llevara al Hospital Materno Infantil por dolores de panza. El caso conmocionó al país y puso en tela de juicio la medida adoptada por Urtubey seis años atrás, la cual desacató la legislación nacional y fue contraria a lo establecido por el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La normativa provincial ahora derogada, el decreto 1170, ponía condiciones restrictivas de regulación para el acceso al aborto no punible: contemplaba que debía hacerse dentro de las 12 semanas y previa denuncia penal o declaración jurada. Es decir, re-victimizaba a las víctimas solicitando exposición de su situación para el pleno ejercicio a su derecho. “Urtubey legisla en su terruño en contra de los derechos de las mujeres. Y obliga a una nena de 10 años a seguir con un embarazo que nunca decidió”, escribió la periodista Mariana Carbajal en una nota que fue tapa del diario Página 12 titulada «Forzada a ser madre». En cambio, la legislación nacional y la jurisprudencia vigente no ponen plazos para acceder a la interrupción del embarazo en casos de violación o cuando la vida de la madre corre peligro.

Luego de más de 12 mil menciones en Twitter, solicitadas de múltiples organismos que velan por los derechos de las mujeres, presentaciones en los ámbitos de representación popular y un sinfín de críticas del amplio abanico político del movimiento feminista, el gobernador dio marcha atrás. “La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación”, anunció el mandatario vía twitter el jueves pasado.

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres pidió horas antes al Gobernador la derogación del decreto provincial restrictivo. “En consideración de los últimos casos de público conocimiento en la provincia acerca de niñas y adolescentes embarazas que no accedieron a la interrupción legal del embarazo, se pone en evidencia la urgente necesidad de derogación” del decreto provincial “con el objeto de que el mismo se adecue a los estándares normativos de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la Ley Nacional Nº 26.485”, apuntó el OVCS.

En sintonía con el pedido del OVCS, se presentaron proyectos de ley en la Legislatura Provincial pidiendo la adhesión a las normas y reglamentos nacionales. Cabe señalar que desde hace varias semanas se llevan a cabo jornadas simbólicas, “Pañuelazos”, para que las y los representantes del pueblo en el Poder Legislativo acompañasen- o para que al menos emitieran opinión- la campaña por Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En ese clímax, y antes de dar pie a que se trataran las propuestas en el recinto, Urtubey, como buen señor feudal, emitió un decreto derogando otra norma de su autoría. Tal es así que, acorralado por la jurisprudencia, la presión mediática, política y social, el gobernador salteño dio marcha atrás.

Es una victoria parcial en un terreno atravesado por el conservadorismo y la fuerte presencia de la Iglesia Católica en los distintos ámbitos y estratos sociales. El tramo final llegará el 13 de Junio, cuando el Congreso Nacional trate el proyecto de ley por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ya tuvo intensas y numerosas jornadas de debate.

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