UNSa: el Rectorado propone una reforma del estatuto que pone en peligro la gratuidad

Son 55 artículos los que pretenden cambiar, entre ellos la interpretación de gratuidad de la enseñanza universitaria. Otorga más poder a Decanos y al Rector y amplía representantes de las Sedes Regionales en el Consejo Superior.

Por Emiliano Frascaroli

Los alfiles del macrismo en la Universidad Nacional de Salta pretenden lograr una Reforma del Estatuto con un claro centralismo político-institucional y aires de privatización. El proyecto desempolvó medidas adoptadas bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem para intentar trastocar el espíritu de la enseñanza universitaria en el ámbito público: la gratuidad.

Asimismo, la propuesta incorpora demandas de las Sedes Regionales que buscan representación directa en el Consejo Superior donde aumentaría la representación docente por añadidura. Le concedería, además, poderes unilaterales y verticalistas a los Decanatos.

Una ingeniería de reformas a merced del Gobierno Nacional y, por tanto, del Fondo Monetario Internacional.

Regresión. “En todos los casos los estudios de grado serán gratuitos”, establece el artículo 66 del Estatuto Universitario. Se condice con la gratuidad que estipula la Constitución Nacional. Sin embargo, el Rectorado propone modificarlo de la siguiente forma: “La Universidad sostiene el principio de gratuidad para todos los estudios de grado”. Tal vez resulte insignificante o una lectura rápida no identifica el objetivo, pero dicha modificación marcaría un retroceso no visto desde el menemismo.

La picardía de dejar abierta la interpretación respecto a la gratuidad en la enseñanza universitaria en el ámbito público es más que picardía. No es lo mismo tipificar que los estudios de grado son y serán gratuitos que simplemente ‘sostener el principio de gratuidad’.

El artículo vigente es un imperativo que deben cumplir las autoridades de turno que administren la cosa pública. En cambio, la modificación propuesta por Rectorado abandona la obligatoriedad para hacer mención de un principio que nadie entiende por igual y que, por tanto, deja vericuetos ‘legales’ para futuros casos en los que se vulnere el precepto al cual hace referencia: universalidad en el acceso.

Al igual que el anterior, la modificación del artículo 76 pretende hacer extensivo el principio de gratuidad a los estudios de pregrado. Aquí también se abandona la idea actual de que “en todos los casos los estudios de pregrado sean gratuitos”.

Representatividad. Actualmente las Sedes Regionales tienen representación ante el Consejo Superior a través del Consejo Asesor y no cuentan con un Consejo Directivo  como son los órganos legislativos de las Facultades. Es allí adónde apunta el ante-proyecto de reforma. Además, casi como una demanda estratégica, proponen la incorporación de representantes estudiantiles y graduados.

Son 24 votos que dirimen la política universitaria en el CS que pretende ampliarse a 36. El proyecto busca incorporar 1 representante docente por Sede Regional (3 en total: Tartagal, Orán y Metán-Rosario de la Frontera) al igual que con el claustro Estudiantes; extiende a 5 representantes Auxiliares Docentes (actualmente son 3) y a 3 Graduados (es decir, uno más); e incluye una autoridad por Sede en concepto de Decanos.

La ampliación del cuerpo y su consecuente incorporación de docentes y estudiantes específicamente por Sede de la Universidad es una necesidad per se. Sin embargo, detrás de ello no hay espíritu de igualación por cantidad de votos de representatividad.

Si los 6 votos que tienen Estudiantes en el Consejo Superior se amplían a 9 no modifica la correlación de fuerzas, como sí lo hacen lo 6 agregados para la docencia. Mientras el estamento con mayor número poblacional mantiene el 25% del total de votos, el claustro Docente (entre Auxiliares y Profesores) pasa a tener un 38,88% (ahora de 37,5%). Por su parte, los Decanos ensanchan su base a 9 votos (hoy son 6) manteniendo el 25 por ciento. El resto quedaría de la siguiente manera: el 8,33% de Graduados se mantiene y el 4,16% de representatividad del estamento PAU pasa a 2,77%, perdiendo más de 1 punto en la repartición.

Al tener en cuenta la ponderación de votos en las elecciones de autoridades, bien cabe señalar la mayor fuerza de la apuesta docente. De allí que quien suscribe este artículo interpreta el agregado de representación por instituciones y claustros como una jugada para arrastrar futuros votos y no para democratizar las decisiones. Por tanto, sumados los cambios en los primeros artículos mencionados, este cambio en sí pretende ser el Caballo de Troya que Rectorado encontró para lograr reformas regresivas sin tanta resistencia sectorial. Justo antes de las elecciones para renovar autoridades.

Centralismo. Cuando las instituciones no rubrican el funcionamiento democrático para la toma de decisión, se practica un autoritarismo propio de regímenes de antaño superados- con errores y aciertos- con el correr de los años.

En tanto, la reforma del artículo 106 sobre los deberes y atribuciones de quien ocupe el asiento en Rectorado concede la facultad de “resolver, excepcionalmente, cualquier cuestión urgente que afecte los intereses de la Universidad, haciéndolo ad-referéndum del Consejo Superior y dando cuenta a éste en la sesión inmediata siguiente”. No explica qué se entiende por ‘cuestión urgente’ ni mucho menos qué o quién podría afectar ‘los intereses’ de la casa de estudios.

En la misma línea se encuentran los Decanatos. Y se ensanchan los beneficios: los artículos 115 y 143 permitirían la incorporación de las autoridades de las facultades en el padrón de Docentes. Con ello, podrían votar e incluso votarse a ellos mismos, algo que no permite la legislación actual.

Conclusiones. El consenso logrado por los Estados parte en la Conferencia Regional de Educación Superior en 2008, realizada en Cartagena de Indias, colocaron a la Educación Superior como un bien público y social y un derecho humano de la ciudadanía. Este año la CRES tuvo lugar en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se ratificó la postura, en un contexto adverso en el cual la privatización de la educación pública avanza en la región.

En ese marco, la Reforma del Estatuto que pregonan los discípulos del macrismo en la Universidad Nacional de Salta pretende volver atrás avances y conquistas persuadiendo- y enfrentando- a los sectores de la comunidad. La movilización social, estudiantil y docente en defensa de la Educación Pública será la que permita frenar el embate cambiemita al patrimonio público.



Un comentario sobre “UNSa: el Rectorado propone una reforma del estatuto que pone en peligro la gratuidad

  • el 15 septiembre, 2018 a las 2:04 pm
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    Entonces se justifica la toma del Rectorado? Entiendo que sí.

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