Terrorismo de Estado: a 43 años de la Masacre de Palomitas

Mañana, 6 de julio, se cumplen 43 años de la Masacre de Palomitas, aquella jornada en la que militares fusilaron a 11 presos políticos de Salta y uno de Jujuy. Año tras año se realiza la convocatoria en el Portal de la Memoria para luego ir al monolito.  

El 6 de julio de 1976 un grupo de militares fusiló a 12 presos políticos a la vera de la ruta 34, a unos 60 kilómetros de la capital de Salta. Este hecho es conocido como la Masacre de Palomitas, una parte y consecuencia del terrorismo de Estado instaurado el 24 de marzo del mismo año.

La noche anterior hubo un apagón eléctrico en la cárcel de Villa Las Rosas y acto seguido secuestraron a seis hombres y cinco mujeres. El grupo de militares dijo que era por un “traslado” a una comisaría de Córdoba. Sin embargo, nunca hubo traslado alguno y los once presos por razones políticas, sindicales y sociales fueron acribillados a balazos.

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Los partícipes del genocidio se excusaron a ante sus familiares diciendo que fueron víctimas de un “enfrentamiento”. Pero más adelante, con la recuperación de la democracia y el inicio de los juicios, se pudo conocer la verdad: la lista estaba hecha.

Las víctimas de la Masacre fueron Pablo Outes, Celia Leonard de Ávila, Benjamín Leonardo Avila, Roberto Oglietti, Amaru Luque de Ussinger, Rodolfo Ussinger, María del Carmen Alonso, Georgina Droz, José Povolo, Alberto Zavransky, Evangelina Botta de Nicolai y Turk Llapur

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Por estos crímenes de lesa humanidad fueron condenados a perpetua: Luciano Benjamín Menéndez (al comando del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba), Carlos Alberto Mulhall (ex jefe de la Guarnición Ejército Salta e interventor militar de la provincia), el ex jefe de la Policía provincial, Miguel Gentil; y los ex policías Hugo César Espeche y Joaquín Guil. Además, el agente retirado del servicio penitenciario provincial, Juan Carlos Alzugara, recibió la pena de veinte años de prisión.  

Mientras tanto se continúa investigado el rol del Poder Judicial en la época, aunque en un proceso dilatado que obstaculiza el avance que tiene al ex juez Lona en el centro de la cuestión.

El año pasado, los organismos de derechos humanos emitieron un documento en el que señalaron la difícil situación económica y social que atraviesa el país con el cierre de fábricas, los tarifazos a los servicios públicos, el agravamiento de la toma de deuda externa, la crisis cambiaria y los despidos masivos, entre otros puntos. De igual forma advirtieron por la persecución a jueces y fiscales que persiguen con el uso indebido de la ley a dirigentes sindicales-políticos.  

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