Procuración: apartan al fiscal de Derechos Humanos por “dormir” causas

En medio de críticas, inician sumario administrativo a Gustavo Vilar Rey. En el área que conducía recibieron más de 2 mil causas en quince meses, de las cuales sólo 97 se resolvieron. Organismos de derechos humanos pedirán información a la instructora a cargo del sumario, Inés Salinas Odorisio.

Por Emiliano Frascaroli

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, brindó informes ante la Cámara de Diputados de Salta y respondió consultas a legisladores y legisladoras de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.

Así las cosas, Cornejo presentó un proyecto de Reforma de la Ley 7839/14 para cambiar la denominación de esa dependencia por “Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias“. Éste fue la denominación que tuvo originalmente, en 2004, cuando fue creada.

El jefe de fiscales comandó una exhaustiva auditoría de las distintas dependencias del MPF (64 en total) y aportó datos particularmente de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Según informaron fuentes oficiales, de un total de 2065 causas ingresadas a dicha dependencia durante todo 2019 y el primer trimestre de este año,  se resolvieron sólo 97 (es decir, menos del 5% de las causas ingresadas).

Por su parte, del total de causas, 173 fueron remitidas a otras sedes para ampliar la investigación, 376 causas fueron remitidas a la Fiscalía de Impugnación por haberse dispuesto el archivo, 735 se archivaron “sin trámite alguno” y otras 684 siguen en trámite “sin resolución a la fecha”.

“Ante las irregularidades detectadas en la de Derechos Humanos, el Procurador dispuso apartar a su titular, Gustavo Vilar Rey, que lo reemplace interinamente otra magistrada, y ordenar el inicio de un sumario administrativo, cuya fiscal instructora será Ana Salinas Odorisio“, subrayaron desde la Procuración.

La reunión tuvo lugar el mismo día en que organismos de derechos humanos presentaronun informe sobre casos testigos de violencia institucional en el marco de operativos policiales ilegales y señalaron la inacción del Ministerio Público Fiscal de la Provincia en causas en las que asesoran a víctimas o familiares.

Los números son elocuentes y encuentran correlato en los sucesivos reclamos de víctimas, familiares y entidades de la sociedad civil que participan como querellantes en muchas causas.

De hecho, desde la Asociación de Pensamiento Penal adelantaron a BUUFO que ahora, con el apartamiento de Vilar Rey, pedirán informes a Salinas Odorisio sobre expedientes donde participan como defensores de víctimas y familiares.

Además, Cornejo informó a los parlamentarios sobre la conformación de distintas unidades especiales que tienen por objetivo investigar denuncias contra efectivos de la Policía de la Provincia.

Resulta que hay múltiples denuncias por operativos ilegales, puesto que se habrían cometido delitos de maltrato, apremios y vejaciones cuyas causas exponentes son las que tramitan ante la Unidad de Graves Atentados por las muertes de Ramón Matías Zárate, Jorge “Guri” Farfán, David Alfonzo Neri Ovejero, Martín Carreras y Cristian Gallardo, entre otros.

Días atrás se supo que la sociedad salteña realizó en promedio 2 llamadas por día para denunciar a las fuerzas de seguridad por mal desempeño o abuso de autoridad; esto es, 342 denuncias en 152 días. La información fue aportada por el propio ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, en un informe en la Legislatura, aportada en porcentaje para relativizar la cantidad: el 1% del total.

Abel Cornejo en la Cámara de Diputados de Salta

El titular de la Procuración General de la Provincia fue consultado, también, acerca del Decreto 255/2020 del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz.

Cornejo insistió con la necesidad de implementar Juzgados Contravencionales, a razón del Código Contravencional que rige en Salta desde hace años, y ratificó que la idea de ampliar competencias a las fuerzas de seguridad es avanzar sobre algo legislado. “No estoy de acuerdo con que la Policía intervenga en juzgamiento”, señaló el Jefe de fiscales a BUUFO tiempo atrás.

Sobre el tema: El DNU que dispone arrestos arbitrarios suma críticas desde la UNSa y la Procuración

La medida en cuestión sumó críticas de sectores de la oposición política, organizaciones de la sociedad civil, académicos e incluso un manifiesto pedido desde Nación para su derogación en tanto y en cuanto es contraria a las disposiciones federales.

Así lo hicieron saber el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Director del Observatorio de DDHH del Senado de la Nación, Martín Fresneda, el Director de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylsky, y Agustín Dittofino del Consejo federal de DDHH.

Por medio de una videoconferencia, H.I.J.O.S. Salta y la Asociación de Pensamiento Penal presentaron a las autoridades nacionales un relevamiento de casos testigos de violencia institucional.

“Hay que evitar las detenciones”, espetó Przybylsky citando la manda del Ministerio de Seguridad de la Nación y las recomendaciones de autoridades sanitarias en el marco de la pandemia. “No nos pusimos de acuerdo”, lamentó Pietragalla tras ser consultado por este cronista sobre la reunión con autoridades salteñas, oportunidad en la cual solicitaron la derogación del Decreto.

Sin embargo, no hubo marcha atrás ni tratamiento en el pleno del Poder Legislativo, por lo cual el Decreto se convirtió en Ley el 30 de junio. El texto prevé hasta 60 días de arresto, o multa, a quien “injustificadamente desobedezca órdenes legítimas en ejercicio de las funciones de los agentes del orden público que tengan por la causa la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19” y otorga a la Jefatura de la Policía competencias “para resolver sobre la infracción establecida en el presente”.

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