Palomitas: Once razones para seguir exigiendo Verdad y Justicia

Hoy se cumplen 43 años del fusilamiento de 12 personas que luchaban por un mundo mejor. ¿El lugar elegido fue casual? ¿Por qué aún no hubo juicio al ex juez Ricardo Lona?

Por Emiliano Frascaroli

La Masacre de Palomitas  es la consecuencia de una causa mayor: la imposición a sangre de un modelo de país para pocos. El terrorismo de Estado fue un plan sistemático que, con la anuencia de Estados Unidos, sometió a la región latinoamericana. Se lo conoce como el Plan Cóndor y sus objetivos giraban en torno a la aplicación de un programa económico a beneficio de pequeños sectores concentrados de la economía local y el imperialismo. Allí se explica la participación de militares y civiles- empresarios- en el genocidio de los setenta.

Para encontrar vasos comunicantes respecto a los actores de la época, es necesario hilvanar fechas y lugares. En Argentina, el golpe se materializó el 24 de marzo de 1976. Trece días antes, el 11, secuestraban al gobernador salteño Miguel Ragone. El 8 de junio el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de la Junta, nombraba como Intendente capitalino al capitán del Ejército en la provincia, Víctor Abelardo Montoya. Y el 6 de julio se llevaba a cabo el asesinato en Palomitas, General Güemes, sobre la ruta 34.

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El lugar escogido para el fusilamiento de los seis hombres y las cinco mujeres podría tener un trasfondo. Es que a unos kilómetros se encuentra una finca cuya propiedad hereditaria sería de Montoya, tierras que colindan con Finca La Trampa. Entonces, surgen algunas preguntas: ¿Montoya liberó la zona? ¿Por qué se ejecutó allí y no en otro lugar? ¿Cómo es que la masacre se produce a penas un mes después de su nombramiento al frente del Ejecutivo de la Ciudad? ¿Existe la casualidad en casos como éste?

Si bien al ex intendente no le cabió ninguna implicancia en el expediente, la incertidumbre por el análisis geográfico-temporal está. Ahora el ex capitán del Ejército frecuenta el club 20 de febrero, sede de la oligarquía local. Cabe recordar, además, que en 1991 fue electo intendente por el voto cuando transcurría la primera década de la recuperación de la democracia.

En Palomitas, General Güemes, aún con el miedo imperante, es un secreto a voces que en la dependencia policial de allí se pudo ver en la pared rastros que asemejan la remoción de grilletes. Se presume que los detenidos eran atados de las manos durante largos ratos, lo cual demuestra la tortura durante la represión estatal. Esta práctica serepitió a lo largo y ancho del país.

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Quien sí está imputado en delitos de lesa humanidad es el ex juez federal Ricardo Lona. El letrado está acusado tanto en la causa de Ragone como en la de Palomitas. Meses atrás, en febrero, el Tribunal Oral Federal Nº 2 suspendió el inicio del juicio contra el ex magistrado porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación no había resuelto los recursos interpuestos por la defensa del imputado, situación que desembocó en la postergación del debate oral y público acerca de sus responsabilidades en casos de tortura, secuestro y desaparición de personas. Se le endilga implicancia en el secuestro y la desaparición del ex gobernador peronista y del homicidio de Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal, ambos testigos del secuestro.

Lona goza de prisión domiciliaria y disfruta de sus caballos al aire libre. Es parte de la familia judicial y del poder real que gobernó y gobierna el país. Bueno sería que se sepa- mientras vive– su responsabilidad jurídica durante la represión estatal para que su persona, amigos y familiares conozcan la verdad de los hechos. Pero sobretodo para que las víctimas directas e indirectas del genocidio, la sociedad toda y las generaciones venideras tengamos la paz que se necesita.

Escrache de HIJOS-Salta a Lona en su casa

El Poder Judicial tiene en sus manos la oportunidad histórica de sellar un proceso que durante tantos años se tiñó de impunidad. ¿Estarán a la altura de las circunstancias?

A su vez, la sociedad tiene la oportunidad- y el deber- de defender con ahínco el Estado de Derecho, mucho más en tiempos de regresión y fragilidad institucional como los que transitamos. La marcha contra el 2×1 de la Corte que intentaba beneficiar a represores y la última convocatoria por el 24 de marzo fueron dos movilizaciones que demostraron una madurez necesaria como colectivo social. Sólo queda mantener encendida esa llama de esperanza y exigir el fin de la complicidad, por la memoria, la verdad y la justicia.

Los once nombres que fundan suficientes razones para bregar por una sociedad más igualitaria y seguir exigiendo Verdad y Justicia: Pablo Outes, Celia Leonard de Ávila, Benjamín Leonardo Avila, Roberto Oglietti, Amaru Luque de Ussinger, Rodolfo Ussinger, María del Carmen Alonso, Georgina Droz, José Povolo, Alberto Zavransky y Evangelina Botta de Nicolai.*

  • Las víctimas en total fueron 12: a quienes fueron sacados del penal de Villa Las Rosas se suma Turk Llapur, traído desde Jujuy.

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