López Arias negó que se haya armado un acuerdo para beneficiar a Seaboard Corporation

Luego de la visibilización de la suspensión de la concejala yrigoyense Lucía Rojas por denunciar el acuerdo entre provincia y municipio para beneficiar a la empresa Seaboard Corporation, que explota el ingenio San Martin del Tabacal, el ministro de gobierno, derechos humanos y justicia, Marcelo López Arias, habló al respecto.

“Sobre el tema del Concejo Deliberante, si está suspendida o no, el gobierno provincial es absolutamente respetuoso de la autonomía de los municipios. Nunca nos meteríamos en una interna del Concejo”, comentó López Arias.

Respecto de su intervención en el armado del acuerdo, según lo manifestado por la edil, el ministro respondió: “No hubo ningún acuerdo, esta es una cosa tan de locos que me causa mucha gracia. A mí me hablan desde el gobierno nacional, me llega la información de que si no le revalidaban la habilitación a la empresa El Tabacal, que se llama Seaboard ahora, inmediatamente le dejaban de comprar biocombustible y si lo hacían nos quedábamos con 1500 desocupados en Yrigoyen, entonces como ministro de gobierno intervine en eso”, y agregó:

“Inmediatamente hablé con el intendente (Jorge Gallardo), con la gente del ingenio y también con los concejales, para comentarles esta preocupación que teníamos por esta situación social. El tema de la habilitación es una facultad exclusiva del ejecutivo municipal”.

Asimismo aclaró que en realidad no se trata de una habilitación sino que se trata de recibir el cambio de nombre de la habilitación ya otorgada para que la empresa pueda seguir vendiendo el biocombustible.

En cuanto a la mora que tiene el ingenio con el municipio, López Arias aseguró que la empresa presentó una propuesta de pago de la deuda que tiene con la comuna en la que se tomaba el acuerdo al que había llegado con el ex intendente Nicanor Sosa.

Cabe destacar que la concejala Rojas, en la denuncia que hace, explica que el acuerdo al que Sosa había llegado con Seaboard también se encontraba por fuera de la legislación municipal y en el que se estableció montos fijos e irrisorios, pese a que en la ordenanza vigente se establece que la tasa debe ser del 0.043% del balance general.

“Habían hecho algunos pagos y después la municipalidad dejó de querer recibir eso, seguramente porque quería discutir los montos”, expuso López Arias.

Al pedirle su opinión respecto de la suspensión de la concejala, el ministro de derechos humanos y justicia respondió: “No conozco el caso, no tengo idea, ¿cómo voy a opinar de algo que no conozco?”.

Fuente: Sapo de otro pozo/FM Noticias 88.1 Mhz / DDN.

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