La “maldita policía” | Abuso del uniforme: Floresta se enluta por la muerte de un vecino

“Lo tiraron como una bolsa de papa”. La barriada llora la muerte de David, el hombre que intentó ayudar a una mujer que iba a ser desalojada con sus hijos. Un caso más que pone sobre la mesa de discusión la violencia institucional.

Por Carlos Córdoba

Brutalidad policial. Abuso del uniforme. Corporativismo. Desigualdad. Los más desprotegidos lloran una muerte más en manos de las fuerzas de (in)seguridad. El contexto apremia: el deterioro del tejido económico-social y la venia a la “mano dura” son dos caras de la misma moneda. Otras formas de llamarle a la violencia institucional. En la actualidad se la conoce como Doctrina Bullrich.  

Una mujer con sus hijos buscando dónde vivir se asienta en un terreno fiscal. El ‘dueño’, que sería policía, acude a sus colegas. La familia policial responde y la División Infantería de Capital actúa: entre tres sujetan a David Alfonso, un vecino que se había acercado en solidaridad de la mujer que iba a ser desalojada junto a sus hijos. Lo agarran del cuello durante varios minutos. David empieza a segregar saliva. Recién ahí lo sueltan. Cae “como una bolsa de papa”, dice Marisol, otra vecina que suplicaba lo soltaran. Los policías se ríen; no practican primeros auxilios. David muere minutos después. El parte de prensa oficial informa la supuesta causa: “descompensación”. No aclaran más. La realidad lo desmiente: fue asfixiado.

Vecinos asisten a David Alfonso luego de que fuera asfixiado por la misma Policía que mira al costado

Ocurrió en el Este de la Ciudad de Salta, en Floresta, zona Norte Alta. Es uno de los tantos asentamientos que proliferan al compás de la crisis y que confirman, una vez más, la emergencia habitacional latente en la Provincia y el país.

El hecho traduce la realidad más cruda. De un lado los pobres buscando cómo y dónde vivir, estrechándose una mano; sobreviviendo. Del otro lado los pobres con uniforme, sueldo fijo y obra social, haciendo uso y abuso de sus condiciones: son los ‘efectivos’ de ‘las fuerzas’, que no son de la alta alcurnia- no ganan mucho dinero- pero se sienten ‘intocables’; que actúan con desprecio e insensibilidad a los que tuvieron ‘menos suerte’; que quizás nunca quisieron estar allí, pero ‘no les quedó otra’.

Pasó en los asentamientos Santa Mónica, Calixto Gauna y Virgen de Urkupiña hace un año, cuando numerosas familias fueron reprimidas por los mismos motivos. Se replicó al interior provincial: en Salvador Mazza, Orán o Cachi. Pero la violencia institucional no se limita a conflictos por la tierra: el gatillo fácil del menor Nahuel Salvatierra, en Solidaridad, en enero del 2018, es un ejemplo cabal. O también la historia de Camila, la joven que perdió su embarazo tras ser golpeada por la Policía. O el hombre que murió por asfixia en Barrio Rosedal cuando lo trasladaban en la caja del móvil, contrariando leyes y protocolos, en la misma semana que la muerte de David. La institución Policía está en la mira.

Las víctimas casi siempre son las mismas: las minorías disidentes, comunidades indígenas, trabajadores que reclaman mejores condiciones de vida, presuntos culpables que no completan el proceso democrático del sistema penal o simplemente los pobres que son doblemente castigados por su condición. Muchos, sino la mayoría, jóvenes. En la mayoría de los casos ocurren se dan en los barrios periféricos, esos que el turismo no ve.

Del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel a Santiago Maldonado. La cacería de los chicos de San Miguel del Monte. De Nahuel de Salta a Silvia, la piba de Santiago del Estero. De Facundo, el nene tucumano de 12 años, a Camila de 17. De David Alfonso, ¿a quién más? Los casos se extienden a lo largo y ancho del país, y Salta no es ajena. En prácticamente todos ellos existen maniobras tales como el encubrimiento, pistas falsas, declaraciones estigmatizantes y disuasivas a la prensa y amedrentamiento a posibles testigos.

En “el otro bando” la obediencia, el silencio y la sumisión. Al respeto se lo impone, sin mérito si quiera. Cada quien con sus funciones y jerarquías. La institución es así. Todos con el temor de sublevarse al Jefe. Es el corporativismo a flor de piel que se agrava cuando un Gobierno le suelta las riendas a las fuerzas, cuando avala el abuso de autoridad, cuando lo premia, cuando no se ocupa de la formación de sus miembros.

Si bien la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad es la que investiga la actuación de los uniformados, algunas reprimendas adquieren carácter privado (e ilegítimo): desplazamientos a zonas calurosas o frías, según el disgusto de quien lo pude disponer; son castigos que no salen a la luz, pero que forman parte de la vida cotidiana en la familia policial.

Falta mucho por ver de este caso, el de Floresta, a sabiendas del desplazamiento de unos cuantos miembros. Pero no hay dudas respecto a que son las consecuencias de la falta de Estado como elemento igualador en la sociedad: el empobrecimiento, la indiferencia, el desprecio.

No todos los miembros de las fuerzas son iguales. Hay honrosas excepciones con personal capacitado profesional y humanamente. Sin embargo, las cifras de los muertos en manos de quien debiera salvaguardar a la ciudadanía cada vez son más. Ya no se puede disimilar. Aquélla definición de la Revista Noticias aplicada a la Bonaerense, en 1996, cuaja como perfecta característica y expresión de sentimientos respecto a la institución salteña que vuelve a estar involucrada en la muerte de un inocente: la “maldita policía”, otra vez.

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