Golpe en Bolivia: Abogados salteños ofrecen asesoramiento legal a perseguidos políticos

Los ciudadanos bolivianos que se vean obligados a emigrar podrán tener patrocinio legal y gratuito en Salta. Las alarmas en la ciudad fronteriza Salvador Mazza por ingreso de militares bolivianos.

Muchos ciudadanos que rechazan el Golpe de Estado, dirigentes y militantes del partido que lidera el presidente depuesto Evo Morales Ayma, el Movimiento al Socialismo (MAS), son víctimas de la persecución desatada por el gobierno de facto en Bolivia.

Ante esta situación, los abogados Daniel Tort, Pablo Tort y Verónica Huber decidieron ofrecer patrocinio legal a quienes se vean obligados a emigrar a Salta, Argentina, por cuestiones políticas. El asesoramiento es gratuito y el estudio está ubicado en la calle General Güemes 1390, en el macrocentro de la capital provincial.

Daniel Tort conduce un programa en FM Noticias 88.1 mhz desde hace varios años y presidió el órgano colegiado de letrados en la Provincia y, además, fue quien cabezó el no ingreso de Juan de la Cruz Kairuz como director técnico en Gimnasia y Tiro– club del cual es socio- por sus papel durante la represión ilegal durante los setenta en Jujuy.

En tanto que Huber, compañera de Tort en el programa radial La Madre Que Los Parió, es defensora de los derechos de los pueblos indígenas en varias causas, razón por la cual tiene basto conocimiento sobre la persecución a la que son sometidos.

La propuesta de asesoramiento legal a bolivianos obligados a emigrar de su tierra natal por la dictadura de Jeanine Áñez, Carlos Mesa, Luis Camacho y sus brazos policiales-militares siempre estuvo abierta pero cobró relevancia tras las denuncias de que tropas bolivianas ingresaron a territorio argentino en un llamativo movimiento.

Según relató el periodista Raúl Costes, de Salvador Mazza, localidad limítrofe con el Estado Plurinacional, camionetas cargadas de militares del Ejército boliviano patrullaron el norte salteño en una clara violación a la soberanía nacional. La noticia encendió las alarmas en la frontera en lo que se presume sería una cacería incluso más allá de las fronteras nacionales.

Este medio pudo saber que los controles en el paso limítrofe se intensificaron al compás de la represión del gobierno de facto contra simpatizantes del MAS y ciudadanos que rechazan el golpe.

Así, en inmediaciones de las dependencias policiales y oficinas de migraciones se encuentran también militares que “mirotean más de lo común” el regreso a suelo argentino, algo que antes no pasaba. “Y te da miedo, imagínate”, comenta una fuente- que prefiere el anonimato- y agrega que los militares que ingresaron a la Argentina serían de Sanadita, “la base más importante de Bolivia”.

El hecho de que se atribuya que los militares que ingresaron al país son de Sanadita se debe a su uniforme camuflado. La base se encarga de formar militares especializados desde hace varios años. La respuesta oficial se limitó a una orden de cercar el paso, comentó el jefe del regimiento Aroma, de Yacuiba.

La persecución al MAS es tal que Áñez salteó la Asamblea Legislativa Plurinacional para llevar adelante los procesos constitucionales de posesión de autoridades gubernamentales. Lo hizo después de autoproclamarse presidenta, siendo la tercera en la línea de sucesión tras acefalía en el Ejecutivo (le correspondía a la presidenta del Senado, Andrea Salvatierra, y luego a la presidencia de Diputados), y sin que paso previo se haya aceptado la renuncia de Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.

Luego emitió un decreto para indultar a militares que realizan los operativos por los cuales ya suman 30 muertos en distintos puntos, siendo El Alto el epicentro de la represión el pasado martes, con un saldo de al menos 6 asesinados.

Familiares lloran en Iglesia a uno de los tantos muertos tras la represión de FFAA y Policía – Foto: Fernando Ortega, periodista argentino en Bolivia

El supuesto “gobierno de transición” que venían a imponer Áñez, Mesa y Camacho junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nunca se dio. Pasaron diez días y aún no ha habido muestras de un llamamiento a elecciones ni a una sesión del Poder Legislativo para designar autoridades del Tribunal Supremo Electoral.

Sí el MAS insiste en la apertura al diálogo, como lo explicó la senadora Salvatierra ayer, sugiriendo además que participe la Iglesia Católica y miembros de la comunidad internacional que monitoreen la vuelta a la democracia. Pero el gobierno de facto pretende designar autoridades del TSE de forma unilateral e inconstitucional.

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