Femicidio de Rosa Sulca detona acusaciones entre legisladores, funcionarios y fiscales

La Unidad Especial imputó a dos efectivos y un comisario por su rol en la causa. El diputado Gustavo Orozco adelantó que pediría juicio político a fiscales y Procuración respondió conformando una comisión de investigación. El oficialismo despega a los policías y echa culpas a personal civil.

Por Emiliano Frascaroli

El femicidio de Rosa Sulca detonó un conflicto entre funcionarios de los distintos poderes públicos de la provincia, quienes transitan un raid de acusaciones cruzadas ante la impasible mirada de la sociedad, que espera mayores certezas del crimen de la docente.

Por el hecho fueron imputados una adolescente y Pablo Ezequiel Verón, de 18 años, acusado de homicidio calificado por alevosía y criminis causa. Ambos eran vecinos de su víctima.

Además, la Procuración General creó una Unidad Especial para investigar el rol de la Policía en el caso. De momento imputó a dos efectivos y un comisario por incumplimiento de los deberes de funcionario público seguido de muerte.

En tanto que el Ministerio de Seguridad descabezó la cúpula de la Comisaría 4º tras reclamos de vecinos que denuncian supuestos vínculos con familiares de los presuntos autores del crimen.

Justamente por esta investigación colateral fue que se originó la escaramuza entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad y el Poder Legislativo, cuyo desenlace promete un nuevo capítulo en los próximos días, cuando la discusión tome estado parlamentario, si lo hace.

El femicidio, relatado en primera persona

Según fuentes de Fiscalía, la secuencia cronológica del caso fue así:

  • Sulca llamó a las 2:37’ de la madrugada del martes 28 de abril al Sistema de Emergencias 911 y advirtió, lisa y llanamente, que la estaban matando. Luego, una voz se interpuso, dijo ser familiar de la mujer y le endilgó problemas de salud mental, mientras se escuchaban sus gritos de fondo;
  • Dos policías llegaron a su casa de Villa Mitre a las 2:51′ , tocaron la puerta y como nadie atendió, se fueron a las 2:52′,
  • A la tarde del día una vecina llamó al 911 porque vio las luces de la casa de Sulca prendidas pero no registró sus movimientos cotidianos. Esta vez, los policías ingresaron a la vivienda de Amalia Aybar 1480 y se toparon con el cuerpo sin vida de la mujer.

El desenlace judicial

La causa original está a cargo del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Guillermo Torres Rubelt, quien primero caratuló el hecho como homicidio contra los adolescentes y luego agravó la imputación contra Verón: determinó que se trata de un femicidio, ya que además de las 17 puñaladas la mujer tenía golpes en todo el cuerpo, lo cual demostró “la violencia necesaria para causar la muerte”.

También fue imputada la madre de la menor de edad y su pareja, quienes se encuentran detenidos tras haber amenazado a los vecinos que exigieron justicia por Sulca y por violar las medidas sanitarias vigentes por la pandemia.

A su vez, en la investigación paralela al femicidio, a cargo de los fiscales penales Pablo Rivero y Verónica Simesen de Bielke, han sido detenidos e imputados los policías Antonio Ezequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.

Desde la Unidad Especial pidieron también la detención del comisario mayor Fabián Tolaba, quien está a cargo del Centro de Coordinación Cooperativa, el organismo competente a esos llamados, pero la jueza de garantías Ada Zunino la rechazó. Los fiscales Rivero y Simesen de Bielke apelaron la decisión de la magistrada. Tolaba está imputado por los mismos delitos que sus colegas.

Las posiciones

Para la defensa, los efectivos actuaron acorde a las normativas internas y protocolos establecidos para las intervenciones policiales ante un llamado al Sistema de Emergencias 911.

En cambio, para la Unidad Especial se trata de un crimen que podría haberse evitado y por eso acusan a los efectivos que intervinieron de no haber salvaguardado la vida de la docente, lo que constituiría la comisión de los delitos endilgados.

Repercusión

Por la resonancia pública del caso, también hubo expresiones y manifestaciones por parte del poder político, que gobierna a las fuerzas de seguridad.

El ministro Juan Manuel Pulleiro negó responsabilidad en los policías y echó culpas al personal civil, que se encarga de atender los llamados al 911 y derivar la orden a los efectivos que trabajan en las calles. Fue esa comunicación la que habría fallado, puesto que no se puso el énfasis necesario.

Así, el oficialismo sentó postura y explicó que los policías imputados no escucharon el pedido de auxilio de la víctima, sino que sólo recibieron la alerta, que es un código interno. Sí desplazó a la cúpula de la Comisaría 4º.

La pata política de la policía

El diputado provincial Gustavo Orozco apuntó contra la Procuración General por lo que entiende una “cacería de brujas” contra la Policía, acusó a Torres Rubelt- sin nombrarlo- de “fugar” el audio de la llamada de Sulca, el cual consideró se trata de una “muerte en vivo”, y adelantó que pediría junto al titular del cuerpo legislativo, Esteban “Tuty” Amat, la intervención de la Comisión de Juicio Político.

El legislador por Rosario de la Frontera (expolicía denunciado por torturas y apremios ilegales) dijo haber hablado con Pulleiro, con quien coincidió “plenamente”, y señaló que en la intervención policial se “respetó y cumplió el protocolo como debía ser”. Además, el presidente de la Comisión de Seguridad dijo que charló con los policías detenidos, felicitó a Zunino, mandó saludos a Tolaba y apuntó a los fiscales de la causa (sin nombrarlos): ““Si se quieren hacer famosos háganse famosos de otra forma. Esta no es la forma. Deteniendo gente así o deteniendo policías como una caza de brujas, no es la forma”.

Tras esas declaraciones, el Procurador General, Abel Cornejo, creó la Cuarta Unidad Fiscal de Colaboración para investigar posibles amenazas por parte de Orozco, la cual está a cargo de los fiscales Mónica Poma, Elisa Pérez y Leandro Flores.

Además, Orozco aventuró sobre los tiempos: dijo que personal policial llegó “en 4 minutos cuando los tiempos de demora están estipulados entre 7 y 8. Es decir que llegó rápido al lugar. Se quedaron 12 minutos y medio y cumplieron con el protocolo”.

Los minutos, que para este caso serían cruciales, de vida o muerte, distan mucho de lo aportado por el MPF. O cuanto menos hay fallas en la comunicación. ¿Llegaron en 4 o 14 minutos? ¿Cuánto tiempo estuvieron en la casa de Sulca? Más allá de los tiempos, el Gobierno y la defensa de los efectivos- abogados y colegas- insisten en que no escucharon el pedido de Sulca, por lo cual actuaron como en el resto de los casos alertados por Violencia Familiar.

Lo cierto es que salió a la luz un conflicto institucional que, hasta ahora, permanecía aquietado, tal vez, por el contexto.

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