Diputados podría avanzar en la intervención de Aguaray por robo millonario de caños

Fiscalía respondió la solicitada del saencismo en la Cámara baja respecto a la causa por faltante de caños del Gasoducto NEA. Hay acuerdo de bloques opositores para intervenir el municipio. El Concejo Deliberante descartó destitución del intendente Prado. La “gravedad institucional”, el concepto clave que destrabaría discusión por competencias.

El fiscal federal Eduardo Villalba remitió a la Cámara de Diputados información sobre la causa por “fraude en perjuicio de la administración pública y robo” de caños del Gasoducto del Noreste Argentino (GNE), delitos que pesan contra el intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, el ex secretario de Hacienda, Freddy Marcelo Céspedes, y el empresario Diego Andrés Alos.

Según consta en el oficio remitido a la presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, Socorro Villamayor, el jefe comunal le otorgó el 23 de diciembre de 2019 la “desafectación de los caños del gasoducto GNEA, autorizando el desarme, traslado y remediación ambiental para la recuperación del remanente del terreno contaminado” a la empresa mendocina OSYP S.A. representada por Alos. Esos papeles que firmó Prado son los que exhibían los choferes de los camiones en controles vehiculares, a pesar de que no tiene competencia para disponer de bienes del Estado Nacional.

Además, Villalba explicitó que, con visto bueno del Juez de Garantías, Gustavo Montoya, desde mediados de mayo rigen medidas de coerción contra los imputados: la obligación de someterse al proceso; la abstención de entorpecimiento a la investigación y la prohibición de salida del país.

El representante del Ministerio Público Fiscal- en el escrito al que accedió BUUFOconsideró “prematuro realizar una estimación del daño” o perjuicio provocado por el hecho investigado. Algunas versiones extraoficiales estiman que el valor de cada caño asciende a 1.500 dólares. En total, serían unos 35 kilómetros de cañería robada bajo jurisdicción de Aguaray, valuados en unos 300 millones de pesos. No obstante, será la Justicia Federal la que determine el valor y la cantidad de caños robados.

La causa fue originada por la denuncia de Sergio Fernando Figueroa en febrero pasado, cuya investigación está a cargo de una unidad especial creada y dirigida por Villalba, en representación de la Fiscalía Distrito Salta, e integrada por la Sede Descentralizada de Orán y el fiscal de Tartagal Marcos Romero. Esta denuncia detonó otras investigaciones y en abril descubrieron maniobras similares en otras jurisdicciones del norte salteño, como así también hallaron caños en otras provincias utilizados como comederos para vacas.

De momento, el análisis sobre la pertenencia de los caños a la obra en cuestión es analizada por personal de la empresa del Estado IEASA S.A. (Integración Energética Argentina), “siendo que desde el año 2017 vienen denunciando la sustracción de caños a lo largo de la traza del Gasoducto del Noreste Argentino”. La fecha aludida no es menor: empresarios denunciaron presiones del gobierno de Mauricio Macri y del holding de Paolo Rocca, el grupo Tetchin, que derivaron en la interrupción de la obra, primero, y su desfalco después.

Los dueños de la empresa Vertúa, firma que ganó la licitación del primer tramo de unos 230 kilómetros en concurso público, sufrieron aprietes de funcionarios de la gestión Macri para que renunciara a esa construcción, según denunciaron públicamente. “Te van desgastando o matando de a poquito“, dijo Raúl Vertúa al programa ADN, y contó las maniobras que retacearon la obra, como ataques físicos a trabajadores en el lugar y obstrucciones para abastecer de materia prima la construcción. El Poder Judicial no actuó a su tiempo tras las sucesivas denuncias radicadas, mientras se cocían negocios con los empresarios amigos a funcionarios de la anterior gestión nacional. “Están todas las denuncias que nosotros hicimos. Nunca nos hicieron caso”, agregó.

Intervención

La información de Fiscalía es una respuesta a la solicitada que impulsó la diputada Villamayor, quien requirió extender la consulta a instancias del proyecto de intervención al municipio que presentó el presidente del bloque del Frente de Todos, Jesús Ramón Villa, y que por ello no pudo ser tratado en sesiones pasadas.  El texto de Villa fundamenta el pedido en el objetivo de “normalizar una situación de crisis o gravedad institucional“, causal que faculta al Legislativo dicha medida.

Sin embargo, el saencismo parlamentario- consideran legisladores de la oposición consultados por este medio- dilató siempre la discusión por la intervención de Aguaray. Primero, consultando al Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, si algún organismo nacional había extendido la autorización al intendente para el retiro de los caños, cuando el ministro Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo) ya había negado tal aval. Luego, con pedidos de información que supuestamente condicionan el accionar del Poder Legislativo en el marco constitucional, invocando la competencia del Concejo Deliberante para la destitución del titular del Ejecutivo en torno a las autonomías municipales y que por ello el Poder Legislativo no podría intervenir la comuna.

Para el diputado Carlos Zapata (Ahora Patria) existe una “gravedad institucional” que justifica la intervención del municipio por parte del Legislativo provincial. “Podemos decir que hay gravedad institucional porque habiendo cometido y estando investigado por un delito que es muy conocido y ha tenido gran repercusión, la población de ahí (Aguaray) está estupefacta porque no se produce el remedio previsto en la Carta Orgánica que sería la destitución por parte del Concejo Deliberante”, explicó el legislador provincial en diálogo con BUUFO. Para la destitución se necesita una mayoría de dos tercios, algo que no se dió ya que el oficialismo municipal alineado a Prado no aporta los votos.

Zapata citó el caso de la intervención del municipio de Coronel Moldes en 2016- proyecto impulsado por el ahora presidente del cuerpo, Esteban “Tuty” Amat-, y dijo que esa medida “caminó” respaldada en el concepto de “gravedad institucional”. “Yo voy a apoyar la intervención porque no va a existir el remedio institucional porque está bloqueado por la gente que apoya al intendente. Es público y notoria la situación y deberá ventilarse también en el Senado”, agregó el diputado.

Contexto

Los datos aportados ahora por el fiscal Villalba ya eran de público conocimiento: la imputación a Prado, Céspedes y Alos se dio a conocer el 18 de mayo. “A juicio de esta fiscalía, el intendente y su secretario de Hacienda habrían procedido a enajenar caños que no le pertenecen, accionar en el cual también está comprendido Alos, quien aparece como el adquirente de los bienes que son propiedad del Estado Nacional y, por lo tanto, no se encontraban susceptibles de ser comercializados”, dijo el fiscal en su momento.

Asimismo, cabe recordar que justo cuando la discusión por la destitución o no de Prado ganaba terreno institucional en el cuerpo deliberativo de la ciudad norteña, se anunciaron dos casos positivos de Covid-19 que corrieron el eje de la discusión por los robos de caños y pusieron en el centro de la escena la gestión de la pandemia. Días después se daría a conocer que los supuestos contagios de coronavirus no habrían sido tales: el matrimonio neuquino se realizó estudios al llegar a su provincia, y ambos dieron negativo, según explicaron a la AM750. Hasta ahora- y a pesar de reclamos en la Legislatura- el Gobierno de la Provincia no brindó mayor información respecto a ese caso particular, que muchos sospechan sería una maniobra disuasiva.

Lo cierto es que ahora, cumplida la etapa informativa del MPF sobre la solicitud que promovió la diputada Villamayor, la Cámara Baja podría avanzar en la intervención del municipio comandando al Ejecutivo la designación de sus interventores, siempre y cuando se obtengan los votos necesarios: dos tercios del total. Ya hay acuerdos de ciertos bloques, pero define el oficialismo.

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