Editorial | Día del Periodista, ¿en un contexto para celebrar?

Historia y reflexiones de un oficio precarizado, olvidado y perseguido por el Gobierno de Cambiemos; y acechado por las empresas privadas. Del derecho humano a la mercancía. Por un sistema de comunicaciones democrático. 

Editorial Buufo

En el mundo de las comunicaciones las cosas no andan bien: atravesamos un panorama con despidos en los medios públicos, paralización de proyectos que pretenden disminuir desigualdades, persecución ideológica y una convergencia digital que si bien tiene sus bondades acarrea precarización de la mano de obra y concentración mediática. Por eso nos preguntamos, ¿el Día del Periodista, en este 2018, es un día para celebrar?

1. Origen y actualidad: el periodismo militante

Cuando el periodista y abogado Mariano Moreno publicó por primera vez La Gaceta de Buenos Ayres, en 1810, lo hizo con el fin de difundir ideas con un claro contenido y direccionamiento político. Él sabía que lo que hacía se trataba de un hecho de tinte político. Lejos de ser neutral, tanto Belgrano como cualquier otro periodista de hoy, la profesión es el ejercicio de un hecho meramente político y como tal abandona (o debiera hacerlo) toda idea de objetividad. No creemos en la objetividad.

Mal que le pese a quienes levantan la bandera de la neutralidad (con negocios ocultos) y construyen la demonización al periodismo militante, éste fue, es y será un acto de militancia. Puede o no ser partidaria; esa es una cuestión de casos particulares. Su incumbencia con tal o cual proyecto político no desecha su rol ni mucho menos olvida su historia. Podríamos decir, incluso, que el periodismo es la práctica política militante de informar, opinar y analizar la cotidianeidad de las sociedades del mundo, pero sobretodo de decir aquello que no quieren que digas. ¡Rodolfo Walsh, militancia compartida!

2. Pluralidad y participación: la pelea por la democratización

El sistema de medios de comunicación y la práctica periodística en sí dejan entrever que en los procesos de construcción de políticas públicas ni hay tanta participación ni tampoco se garantiza la pluralidad.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, por los cuales se afectó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 (eliminando los organismos de control AFSCA y AFTIC), por un lado, y se permitió la fusión de Telecom-Cablevisión para allanar el camino hacia la profundización de la concentración mediática, por el otro, denotan un claro retroceso en materia de democratización de la comunicación.

Eso no es todo: ambas decisiones, que de por sí dejan mucho qué hablar del respeto a la independencia de las instituciones democráticas, se concatenan con el último proyecto de Ley “corta” girado al Congreso de la Nación: un armazón al negocio privado en detrimento del patrimonio estatal, donde se promueve la competencia desleal en el campo de las comunicaciones a beneplácito de las empresas Telefónica de España y Claro para que presten no sólo internet y telefonía móvil, sino también servicios en la TV satelital.

Además, en el Congreso de la Nación se encuentra el proyecto de ley del Régimen de Publicidad Oficial, con media sanción de la Cámara de Senadores. Está paralizado. La legislación pretende descentralizar la distribución de los fondos públicos estipulando porcentajes de repartición en territorio. Con una ley consensuada a partir de diferentes proyectos y con nuevas propuestas de diferentes actores sociales, se lograría avanzar un poquito hacia la federalización del tesoro nacional. Bien cabe señalar que esta necesidad surge ya que hoy por hoy la pauta oficial se encuentra bajo tutela discrecional de las administraciones de gobierno, cualquiera sea su color político.

La participación federal en la distribución de la pauta como así también la defensa y promoción de los medios estatales son puntos claves para el ejercicio periodístico. La construcción de un marco legislativo y jurisprudencial que siente bases en la equidad e igualdad lograría coadyuvar el trabajo generando espacios, alentando la producción local y abriendo el juego a pequeñas empresas o a sectores que no tienen fin de lucro, pero que necesitan vivir sin renunciar a lo que les apasiona. Es una deuda pendiente para transmitirle al mundo. Como dijo García Márquez: ¡queremos vivir del *mejor oficio del mundo!

3. La comunicación como derecho y el desguace estatal

La libertad de expresión y el acceso a la comunicación son derechos humanos inalienables. El Estado Argentino es parte de tratados internacionales que así lo disponen. Sin embargo, las derechas totalitarias elaboran mecanismos para que su pleno ejercicio no pueda ser logrado. Un gobierno que confunde libertad de prensa con la libertad de empresa, es un gobierno que no respeta el derecho de las mayorías y deja abierta la puerta para el avance privado de pequeños sectores privilegiados. Y es allí donde se vulneran los derechos como ciudadanos y como periodistas al fin.

Los medios públicos transitan un vaciamiento anunciado que perjudica no sólo la mano de obra local, sino también y principalmente la cultura y producción nacional. Pasó con DeporTV y Paka Paka, ambos canales de la Televisión Pública que sufrieron el desguace estatal para que, por el contrario, se comience a comprar productos enlatados a empresas privadas. Asimismo el desfinanciamiento, los despidos y la puja por la baja salarial a trabajadores y trabajadoras del Estado alcanzan también a la agencia de noticias Télam y se expande hacia las Radios Nacionales. Todos organismos de bandera.

Un Gobierno que renuncia a concebir a la comunicación y a la libertad de expresión como un derecho humano y enaltece el negocio privado por sobre los medios públicos, es un gobierno que excluye mucho más de lo que dice intentar igualar. “Ya no es necesario que los fines justifiquen los medios. Ahora, los medios, los medios masivos de comunicación, justifican los fines de un sistema de poder que impone sus valores en escala planetaria”, dijo el inmortal Eduardo Galeano. Nosotrxs suscribimos a ello: ¡no es mercancía, la comunicación es un derecho!

4. Silencio de voces, democracia endeble

La pluralidad de voces y la desmonopolización del mercado son actualmente una entelequia. En líneas anteriores se explica la estructura del sistema infocomunicacional como algo poco democrático. Y así mismo sucede con la pluralidad de voces, cuando se desata la persecución ideológica.

El periodista Horacio Verbitsky dejó de escribir en el diario Página 12 luego de que desataran una cacería en su contra. Al Gobierno no le gustó que publicara el blanqueo de capitales que Jorge Macri logró luego de que su hermano Mauricio sacara por decreto el artículo que prohibía tales movimientos financieros a familiares de altos funcionarios públicos.

Al escritor y periodista Víctor Hugo Morales, a quien el Grupo Clarín persigue permanentemente con banca Judicial y Gubernamental, le interrumpieron su programa al aire para avisarle que tenía que dejar Radio Continental. En el Canal C5n sucedió algo parecido: le cerraron el contrato a Roberto Navarro, quien actualmente trabaja de forma independiente al canal, vía internet. Ambas situaciones, al igual que con Verbitsky, son fruto de persecución ideológica por parte de la Alianza Cambiemos.

Sin embargo, no hace falta irnos muy lejos: recientemente en Salta despidieron a lxs periodistas Natalia Nieto y Diego Ferreyra de la radio de Martín Federico Grande Durand, actual Diputado Nacional por Cambiemos y empresario de medios. Los motivos fundan razones en la precarización laboral rechazada, aunque pesan reproches por entrevistas que lxs colegas han hecho a pensadores disidentes a la cosmovisión PRO, o simplemente por expresiones vertidas en su programa que molestaron al legislador.

También, cabe mencionar la arremetida del funcionario público Pablo Outes, quién trabaja en la órbita de la Municipalidad de la Ciudad de Salta (administrada por Gustavo Sáenz, representante de Macri en territorio), para con Agustín Poma. Éste, en su rol de periodista, publicó en su sitio web Salta entre Líneas una foto de Outes reunido con personalidades vinculadas al narcotráfico en otras funciones del Estado. Outes envió una carta documento pidiendo que se retracte; no conforme, ahora doblegó su apuesta iniciando una demanda judicial. Esto no puede ser visto sino como un intento más de aleccionar al periodismo pretendiendo la vuelta sobre sus pasos (los del periodista), cuando bien sabemos que la libertad de expresión es un derecho humano ponderado en tratados internacionales y que, a su vez, la actividad de funcionarios públicos es de interés público, justamente por el lugar que ocupan.

Cuando se silencian voces, se está coartando la libertad de expresión. Cuando la libertad de expresión corre peligro, la democracia se vuelve endeble. Cuando la democracia se ve vulnerada, la ciudadanía corre peligro. Compartimos la idea de quien fuera director del Buenos Aires Herald durante la última dictadura cívico-militar: “Lo más importante es la libertad del periodista”. ¡En ésa estamos contigo, legendario Robert Cox!

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