Crisis, paros y Estado de Excepción en el Ecuador de Lenin Moreno

Ecuador está sumido en protestas multitudinarias debido a una serie de medidas de carácter antipopulares. El aumento de casi el 123 % en el precio del combustible detonó el descontento social en contra de un gobierno alineado al FMI.

Por Nelson David Aguilar

Por estas horas, se intensifican las masivas protestas en contra de las duras medidas de ajuste económico en Ecuador. Las recetas arcaicas del Fondo Monetario Internacional pretenden sumir a la ciudadanía ecuatoriana en la pobreza nuevamente al elevar los precios del combustible y con ello los costos de los productos de primera necesidad.

En cadena nacional, el Presidente Lenín Moreno anunció las medidas económicas que empezarían a regir desde el 1 de Octubre argumentando que los sectores populares y más desprotegidos no serían afectados por estas medidas, y sí impactaría en los sectores que más tienen.

Asimismo, dentro de este paquete de medidas los principales objetivos tienden a impulsar una reforma laboral que va a centrarse en revisar los contratos ocasionales, los cuales se renovarían con un 20% menos de remuneración, las vacaciones se reducirían de 30 a 15 días, y los trabajadores de empresas públicas aportarán con un día de su salario a su jubilación patronal.

Ante estas movilizaciones, Moreno se expresó firme en su decisión emitida bajo el decreto ejecutivo 883 en contra de los “subsidios perversos que estaban causando demasiado daño al país” y culpó al ex presidente Rafael Correa de pretender desestabilizar su gobierno.

De esta manera, el clima de exacerbación social en el Ecuador encuentra su génesis en una carta de intención con FMI firmada en marzo de este año, en la cual el país andino se comprometía a un severo ajuste fiscal, una revisión de los subsidios a los combustibles, una reforma tributaria con enfoque en impuestos indirectos y flexibilización laboral (RT noticias).

ESTADO DE EXCEPCIÓN: EL DECRETO DE LA REPRESIÓN

El Decreto 884 emitido por el presidente Lenin Moreno, consigna Nodal, faculta a la Policía y Fuerzas Armadas el control de las calles. Durante 60 días se suspende el derecho a la libertad de asociación y reunión, libertad de tránsito y el destino de fondos para sustentar los operativos, que según afirmó el mandatario son para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y controlar a quienes pretenden provocar el caos.

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