Crack en la Policía tras el crimen de Rosa Sulca: remueven cúpula de la Comisaría 4º

El caso de Villa Mitre detonó el reclamo de vecinos para pedir cambios en esa Seccional. Hay dos adolescentes detenidos por el asesinato y dos policías imputados por incumplimiento de deberes. Las repercusiones y el momento bisagra para repensar la política de Seguridad.

Por Emiliano Frascaroli

Un asesinato advertido telefónicamente por la propia víctima al Sistema de Emergencias 911 profundizó una fractura interna en el Ministerio de Seguridad y la Policía de Salta. El crimen de Rosa Sulca en Villa Mitre y los reclamos vecinales por el vago procedimiento derivó en el desplazamiento de la cúpula de la Comisaría 4º, ordenado por titular de la cartera Juan Manuel Pulleiro, y cuyas responsabilidades son investigadas.

¿Por qué el gobierno descabezó esa dependencia? Porque Sulca había avisado que estaba en peligro, que la estaban matando, y, sin embargo, efectivos policiales fueron hasta su casa, golpearon la puerta y como no salió nadie, se retiraron apenas un minuto después de haber arribado. Horas después, con otro llamado de por medio, se comprobó lo que la propia víctima había anticipado en vida. Fue tarde. Su cuerpo yacía sin vida con unas 17 puñaladas en el torso.

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La decisión de Pulleiro para contener las críticas fue dada a conocer tras una reunión con representantes vecinales, quienes transmitieron la situación en la que viven y, por supuesto, el rol de las fuerzas de seguridad en ese marco. Sebastián Campos, presidente del Centro Vecinal, informó la sumatoria de denuncias que tiene la familia de una de las personas imputadas, que sumó una más por amenaza de muerte a otra vecina del lugar que exige justicia por la docente.

No obstante la investigación en curso por parte del Ministerio Público Fiscal, existe otra reconstrucción que se realiza puertas adentro, desde la Oficina de Asuntos Internos. Esa Oficina General depende de la Secretaría de Seguridad, hoy a cargo de Benjamín Cruz, y debe investigar posibles “delitos, contravenciones, faltas éticas, abusos funcionales graves que por su magnitud y trascendencia afecten a la Institución y a sus integrantes, y toda violación a los Derechos Humanos ejercida en detrimento de cualquier persona” por parte de miembros de la Policía de la Provincia. Es la misma oficina que investiga la denuncia contra la titular de la Jefatura de la Policía, Norma Morales, por acoso laboral en perjuicio de la comisario Argelia Choque, quien señaló haber sido maltratada el 5 de abril pasado, situación que le provocó un cuadro convulsivo y por el cual fue hospitalizada.

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Repercusiones

El rápido desguace de la Comisaría 4º para “garantizar la transparencia de la investigación” posiblemente genere una escaramuza en el ámbito de la seguridad provincial. El ministro, que es de origen verde oliva por su paso en el Ejército, arrojó por la ventana (parafraseando la tristemente célebre frase de la exministra Patricia Bullrich) a la mayoría de los miembros de esa Seccional.

Lo de Pulleiro fue una decisión política para afuera y, también, un mensaje hacia dentro: para la sociedad se trataría de un “reconocimiento del error y sanción a los culpables” y, a su vez, sería una muestra de jerarquías para con la Policía, que venía de ser elogiada por su exjefe, Carlos Oliver, como “la mejor policía del país”. Tamaña herencia: de momento fueron imputados los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ambos en calidad de autores.

Por su parte, el titular de la Procuración General, Abel Cornejo, escribió una misiva en la cual exige que el MPF pueda “investigar libremente”, dejando entrever que existe o existió un mecanismo de resguardo que pretende sea parte del pasado.

Titulada “El momento de la verdad”, el Jefe de fiscales dice:“Jamás en 36 años de vida profesional escuché la grabación de una mujer anunciando desesperadamente que la estaban matando, ultimando a puñaladas de un modo cruel, salvaje y brutal. Queremos llegar a descubrir a todos los responsables de este nuevo femicidio y que nos dejen investigar libremente los anteriores. No escatimaremos esfuerzos ni voluntad para hacerlo”.

Vuelta de página

El funcionamiento de las fuerzas de seguridad responde a decisiones políticas. Si bien es imposible mantener un control absoluto de cada intervención, ya que afloran casos donde queda en evidencia la inoperancia de efectivos con escasa formación, es la conducción de gobierno la que debe establecer las pautas. Quién escribe señaló en diciembre, cuando fue desginado Pulleiro, que podría haber cortocircuitos tanto con el Ministerio de Seguridad de la Nación como puertas adentro del gobierno provincial.

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Pasado el tiempo hemos podido confirmar lo antedicho. El posicionamiento de la gestión salteña dista mucho de lo que pretende la Administración Nacional, lo cual bien puede graficarse en dos casos particulares: el pedido de estado de sitio protagonizado por un eufórico Gustavo Sáenz o bien por el DNU 255/2020 que firmó otorgándole facultades del Poder Judicial a la Policía. El primero fue descartado por el propio presidente Alberto Fernández y el segundo es señalado por inconstitucional en un amparo presentado ante la Corte de Justicia por organismos de derechos humanos.

Las repercusiones del caso Sulca evidencian la tensa relación existente en un sistema de seguridad que hizo crack y que enfrenta el desafío de cerrar un ciclo de manchas a la institución y dar vuelta de página o seguir a pique.

Todavía resuenan los casos de Guri Farfán, Martín Carreras y Cristian Gallardo, tres jóvenes muertos en procedimientos enrarecidos; el emblemático caso de Cintia Fernández, la joven asesinada por el ex policía Marío Federico Condorí y salpicado de sospechas por encubrimiento; o el de Nahuel Salvatierra, el adolescente ultimado a sangre fría en la zona sudeste. Si bien todos los mencionados ocurrieron en la gestión anterior, el caso de Rosa Sulca y tantos otros procedimientos en torno al control de la pandemia denotan una continuidad que no ha logrado cambiar de lleno el rumbo.

El recambio en la cúpula de la Comisaría 4º puede ser una brisa fresca para mejorar una institución que concentra el poder de “ordenar lo público” o bien quedarse en refriegas internas de poder. Tal vez haya llegado, al fin, el momento de rever la dirección de la política de seguridad y construir sistemas más amenos socialmente y más transparentes institucionalmente.

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