Coronavirus: la Justicia provincial se desentiende del caso por violación del Protocolo

Una jueza entendió que debe intervenir la Justicia Federal por la causa que tiene a cinco salteños imputados por incumplir el aislamiento obligatorio. Entre ellos se encuentra el primer y único caso de coronavirus en la provincia. La CABA demandó al joven del buquebus.

La jueza de Garantías, María Edith Rodríguez, declinó la competencia atribuida a su tribunal para intervenir en la causa que tiene a cinco salteños imputados por presunta violación al protocolo de prevención dispuesto por el Gobierno Nacional para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Tras su decisión, la magistrada informó al Juzgado que entiende en la feria extraordinaria como así también a la Fiscalía de Casos Complejos Federales. De igual forma lo hará con el Juzgado Federal con el envío informativo de la copia del expediente.

La causa fue iniciada por el Ministerio Público Fiscal cuando se supo que un salteño proveniente de España viajó desde Ezeiza a Salta sin respetar los 14 días de cuarentena obligatoria en Buenos Aires, lugar de ingreso al país.

Las sanciones por desoír las normativas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria están tipificadas en el Código Penal. Fueron los fiscales penales Leandro Flores y Gustavo Torres Rubelt los que imputaron a los cinco salteños, siendo que los cuatro restantes arribaron de un viaje en Alemania. Los dos países están incluidos en las zonas afectadas por el COVID-19 coronavirus.

El hecho delictivo habría comenzado en Buenos Aires, es decir, se trata de un delito de carácter continuado, prolongado en el tiempo y con inicio en Buenos y extendido hasta Salta; desde la hora de arribo de los imputados a la Argentina y hasta la auto cuarentena alegada por ellos y que comenzara con posterioridad en Salta”, especificaron desde Fiscales Penales.

Vale recordar que la audiencia imputativa se difirió para la oportunidad en la que los imputados estén en condiciones médicas aptas, a fin de realizar la intimación del decreto.

Muy por el contrario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demandará al joven que decidió viajar inefctado en un buquebus desde Uruguay que repatriaba argentinos hacia el país, violando las disposiciones legales, lo cual derivó en la cuarentena obligatoria de todos los tripulantes a bordo. El gobierno porteño reclamará como querellante una suma de 700 mil dólares por poner en peligro la seguridad y salud pública ante la posibilidad de propagar una enfermedad contagiosa.

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