Abuso Sexual: Fiscal pide inconstitucionalidad de la prescripción de penas en caso del cura Aguilera

Rodolfo Villalba Ovejero interpuso el recurso tras la resolución que sobreseyó y dejó libre al sacerdote José Carlos Aguilera. En el escrito solicita intervención de la Corte de Justicia y pide que se revoque la medida.

El fiscal de Impugnación, Rodolfo Villalba Ovejero, interpuso un recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad y gravedad institucional en contra de la resolución de la Sala IV del Tribunal de Impugnación que declaró la prescripción de penas en la causa por abuso sexual agravado contra el cura José Carlos Aguilera.

La medida busca revertir el sobreseimiento y la libertad que dictó el juez de esa Sala, Adolfo Figueroa, a pedido de la defensa de Aguilera quien fue acusado por delitos sexuales que habrían ocurrido entre 1995 y 1998.

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En rigor, Villalba Ovejero pidió que se eleve el caso ante la Corte de Justicia de Salta y dejó “expresa reserva del caso federal, a los fines de- eventualmente- interponerse el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Además, el fiscal pidió que “oportunamente, se acoja la pretensión deducida”, que se revoque la decisión y se ordene la inmediata detención del imputado Aguilera.

“Se impulsa la impugnación… en el entendimiento que al imprimirse el pronunciamiento de referencia incurrió la Alzada en un grave error de orden legal, que lo torna arbitrario y atentatorio contra elementales postulados de nuestro Estado de derecho”, informó el sitio Fiscales Penales de Salta.

Villalba Ovejero señaló que la resolución “emerge huérfana de fundamentos”, “desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad del juez que la suscribe”. El fiscal citó jurisprudencia y legislación referida a la temática y sobretodo a los derechos que garantiza la Convención sobre los Derechos del Niño de la cual el Estado Argentino forma parte.

El escrito del fiscal que difundió el Ministerio Público de Salta sostiene: “huelga aseverar que no se ha extinguido la acción penal en torno de los hechos atribuidos al inculpado Aguilera. Ello fundado -como se expresara- en la particular gravedad de los eventos suscitados y los mecanismos utilizados para lograr la impunidad de tan repudiable accionar, la imposibilidad “real” de ponerlos en conocimiento de la autoridad policial o judicial en aquel entonces, siendo menores de edad sendas víctimas, donde al cumplir la mayoría de edad, éstos se encontraban transitando su propio proceso, influido por su entorno y un ambiente social externo, que le impidió concretar en definitiva con el necesario acto de develación del padecimiento sufrido (a través de sus progenitores o por cuenta propia); vulnerabilidad manifiesta de los ultrajados que no puede ni debe ser aprovechada por el abusador“.

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